Según Leo, en 1934, año en que nació el FCE, sí era justificable la creación y mantenimiento de una editorial subsidiada por el Estado. La razón: en ese momento el mercado no proveía de textos académicos indispensables en lengua española, especialmente textos de economía. Gracias a la creación del FCE, institución editorial del Estado mexicano, se pudieron hacer accesibles en castellano obras académicas de suma importancia. Incluso, reconoce Zuckerman, se pudo leer a Max Weber en español antes que en inglés.
Sin embargo, de acuerdo con Leo, ahora ya no es necesario que el Estado se encargue de editar, producir, comercializar y promover libros, porque el mercado editorial de hoy ofrece múltiples opciones para comprar libros, además de que muchos otros se pueden conseguir por internet. Dado que las editoriales privadas que compiten en el mercado editorial de hoy día pueden ofrecernos textos académicos de calidad en español y el número de librerías en el país es enorme, ya no es necesario que el Estado tenga su propia institución editorial y establecimientos en que vende libros a precios subsidiados. Más aún, según él, el gasto de subsidiar la producción y venta de esos libros se muestra todavía más como injustificable si se considera que quienes se benefician con eso no son los más pobres sino “una élite académica, cultura [sic.] e intelectual que, por desgracia, es la que lee en el país”, una minoría conformada sobre todo por gente de clase media. Este último argumento es rematado con una pregunta que pretende ser retórica “¿Necesitan ellos este subsidio?”. Ahora que se ha planteado lo afirmado por Leo, analicemos un poco, de lo menos a lo más profundo.
Zuckerman se pregunta si las personas que pertenecen a la élite académica, cultural e intelectual del país necesitan que el Estado subsidie la edición, producción, distribución y venta de libros, para poder adquirir buenos textos académicos en lengua española. Dada esta pregunta, parece que la justificación de la existencia de un organismo editorial como el FCE depende de si los miembros de esa élite pueden o no pagar los textos académicos que editan en español las casas editoriales privadas. Así, parece que si se logra demostrar que las personas que forman parte de esa capa de la sociedad no pueden pagar los textos que requiere a los precios de las editoriales privadas, se demuestra también que se justifica la existencia de una institución como el FCE. Del mismo modo, si resulta que estas personas tienen los recursos económicos suficientes para obtener dichos textos al precio de esas editoriales, entonces no se justifica la existencia de una institución editorial del Estado mexicano que funcione como lo hace el FCE.
Pero esta manera de abordar la cuestión no es la más acertada. Imaginemos que se logra demostrar que los miembros de la mencionada élite intelectual no pueden pagar los textos a los precios de las editoriales privadas. En ese caso, como se ha dicho antes, parece que se diría que sí se justifica que un organismo como el FCE edite y comercialice los textos para que estos estén disponibles para esas personas a precios accesibles. Pero ¿no parece que hay un salto un poco raro acá? ¿realmente basta esto para decir que se justifica la existencia de un organismo editorial semejante?. Para que quede más claro, imaginemos al Estado personificado diciéndole a los intelectuales de la sociedad mexicana: “Como ustedes no pueden pagarse sus textos, yo les voy a dar una manita”; no faltará quien pregunte “¿por qué los vas a ayudar?”. La respuesta no podría ser simplemente “porque ellos no pueden pagar esos precios”, con una respuesta así no sería difícil que un sector de la sociedad alzara la voz para decir “Nosotros no podemos comprar automóviles porque los precios son altos, ¿nos ayudas también? ¿qué tal si fundas tu propia empresa productora y comercializadora de autos para que podamos comprarlos a precios que sí podemos pagar?”. El punto es, por si no se ha visto claro ya, que la manera de plantear la cuestión puesta en la mesa por Leo presupone que hay una manera de justificar que el Estado invierta parte del presupuesto en hacer accesibles los textos a los intelectuales del país más allá del simple “ellos no pueden pagarlos”. Ensayemos para ver si encontramos una respuesta más profunda que la avistada por Zuckerman.
En la búsqueda de nuestra respuesta encontramos que el FCE no es una institución única o aislada, el Estado “ayuda” a los académicos, intelectuales y artistas mexicanos de varias maneras, a través de diversas instituciones. El CONACULTA, por ejemplo dispone del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) que tiene, entre otras, las siguientes tareas “apoyar la creación y la producción artística y cultural de calidad; promover y difundir la cultura” (véase http://fonca.conaculta.gob.mx/inicio/que-es-el-fonca/). Con el FONCA, entre otras cosas, se otorgan becas para fortalecer la formación académica de artistas, se abren cátedras, se ofrece apoyo para la realización de proyectos culturales, etc. Otro ejemplo es el CONACyT junto con el SNI: por medio del primero, los estudiantes mexicanos pueden conseguir apoyo económico para realizar estudios de posgrado en universidades de reconocida calidad académica dentro o fuera del país; mediante el segundo los investigadores nacionales pueden obtener estímulos económicos que les permiten continuar con sus actividades académicas y, además, mejorar significativamente sus ingresos (puede parecer increíble para algunos, pero en México el salario base de un académico en universidades y centros de investigación públicos puede estar a la par con el de un trabajador de Wal-Mart o MacDonalds; en 2009 había salarios base de hasta $4800 pesos mensuales. Véase la ponencia “Salarios de académicos de instituciones de educacion superior en México comparados con 30 países” presentada por Alma Maldonado-Maldonado en el XI congreso Nacional de Investigación Educativa). Finalmente, mediante un organismo editorial como el FCE que, según su página institucional, “edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal”, se ayuda a las personas que forman parte de la élite cultural, académica e intelectual del país a obtener textos y otros materiales de buena calidad a costos menores (generalmente) que los ofrecidos por las editoriales privadas.
Más allá de prestar un apoyo benevolente, parece que hay una función que cumplen estos organismos destinados a satisfacer ciertas necesidades de la élite cultural y académica: la creación de cierta dependencia de los intelectuales, académicos y artistas nacionales hacia el Estado mexicano, dependencia que, a fin de cuentas se constituye como una forma de control. ¿Que artista se atreverá a atacar en su obra, creada gracias a una beca FONCA a las instituciones del Estado mexicano? ¿Qué académico atacará pública y abiertamente al SNI? ¿Qué poder puede tener sobre un estudiante de posgrado la amenaza de quitarle la beca del CONACyT? ¿Qué pasa si al estudiante de licenciatura se le quitara la oportunidad de adquirir textos a bajo costo y se le abandona ante el mercado editorial privado? (sólo para hacer una idea, veamos dos ejemplos sencillos: la Introducción a la historia universal del filósofo árabe Ibn Jaldún editada por la editorial Almuzara, tiene en México un precio de venta de aproximadamente 1450 pesos, mientras que en la edición del FCE tiene un costo de aproximadamente 400 pesos; la Fenomenología del espíritu de Hegel, editada por la editorial ABADA tiene un costo aproximado de mil pesos, mientras que el mismo libro en la edición del FCE cuesta unos 200 pesos). La dependencia económica que estos organismos generan y reproducen es tal que sin ellos, una gran parte de los beneficiados difícilmente podría llevar a cabo sus actividades (investigar, estudiar, producir obras y proyectos culturales) debido al costo que implican, y tendría que enfocarse en la satisfacción de sus necesidades básicas Un profesor universitario que sólo percibe su salario base de $5000 pesos mensuales no puede darse el lujo de comprar libros de 1000 pesos, por mucho quiera apoyar con ellos su labor docente o de investigación.
Pero hay también una función ideológica que cumplen organismos como estos. El CONACyT y el FONCA pueden decidir qué tipo de proyectos apoyar y cuáles no, qué temas es “importante” o “urgente” que estén sobre la mesa de discusión y cuáles no; del mismo modo, el FCE puede decidir qué libros sobre qué temas editar y cuáles no.
Mediante el manejo de una casa editorial que ofrece textos a precios accesibles a los intelectuales, artistas y académicos, el Estado tiene la posibilidad de controlar, si bien no del todo, lo que estas personas leen y discuten. Este control del catálogo de textos accesibles a la élite cultural y académica del país facilita la manipulación y orientación ideológica de la misma de forma sutil, pero efectiva. Si se decide que algún libro no merece ser editado o no es conveniente que sea accesible a estas personas, no se edita y ya. Puede parecer que no es una forma tan efectiva de control dado que existen las editoriales privadas, claro, pero hay que atender al hecho de que éstas generalmente buscan la edición de textos que puedan generar grandes ventas y regalías, de modo que puede haber textos que tampoco ellas editen. La edición del FCE de la ya mencionada Fenomenología del Espíritu fué la única edición en lengua española de ese texto durante unos 40 años o más, por poner un ejemplo.
Esta función ideológica no sólo concierne a lo que no se puede leer, sino también a lo que se puede o debe leer. La existencia de un organismo editorial estatal facilita poner sobre la mesa de discusión de los intelectuales, académicos y artistas, los temas que interesa al Estado que sean discutidos o tratados. No parece casualidad que en 1978, en medio de boom que significó en el país la reforma política de 1977 promovida durante el gobierno de López Portillo, el FCE haya editado por primera vez la Teoría de la justicia del filósofo norteamericano John Rawls, pensador paradigmático del liberalismo político. Tampoco parece casualidad que diez años después, en 1988, año en que asumió la presidencia Carlos Salinas de Gortari, el mismo FCE haya publicado en español el texto Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, clásico del neoliberalismo político en que se defiende la existencia de un Estado mínimo que no interfiera , entre otras cosas, en la economía. El EZLN sorprendió en 1994, pero existía desde antes y, aunque seguramente no se preveía concretamente lo que pasaría, es plausible pensar que algo se cocinaba; pues bien, el texto Las esferas de la justicia de Michael Walzer, texto clásico del comunitarismo político, fué editado por el FCE en 1993. Recientemente, el FCE anunció que publicará en español el texto de Thomas Pikkety El Capital en el siglo XXI ¿será casualidad u obedece esto a la necesidad o interés del Estado mexicano en que se discutan el enfoque y la propuesta del texto?.
Una función más es la de ayudar a producir profesionistas útiles al Estado de alguna manera u otra. Un ejemplo de esto, lo constituyen las colecciones del FCE Biblioteca del Normalista y la Biblioteca para la actualización del maestro, así como las colecciónes Administración pública y Guías de planeación y control.
Además de poner temas sobre la mesa de discusión, el manejo de una editorial permite al Estado la formación de puntos de vista sobre los temas en cuestión, Un ejemplo de esto, en el caso del FCE es la colección Biblioteca Mexicana, que incluye textos sobre diversos temas como el gobierno representativo en México, la administración pública en México, las ciencias naturales en México, las ciencias de la salud en México, la literatura en México, la historia de la música en México, y muchas otras cosas, pero todo en México.
Vale la pena discutir más cosas acerca de estas ideas, y espero poder hacerlo pronto. Pero parece que, a estas alturas del partido, hay elementos para contestar a la pregunta del señor Leo Zuckerman ¿Se justifica que el Estado subsidie la edición, producción, distribución y venta de libros, destinados sobre todo a la que sólo lee una pequeña minoría que pertenece sobre todo a la élite académica, cultural e intelectual del país?.
Dejemos que se responda él solo
En primer lugar me parece obvio el salto que el señor Leo hace respecto de una justificación de editar libros por parte del Estado. ¿Es suficiente qué un sector pueda pagar libros «caros» para que ya no sea necesario editarlos por parte del Estado?
Me parece que editar libros a precios accesibles y de «calidad» es una demanda que debe cumplirse no solo respecto al poder adquisitivo de la población, sino respecto a su nivel educativo. ¿De que sirve que esa supuesta élite intelectual que puede adquirir los libros los obtenga, si de todas formas, y muy seguramente, no los leerá? ¿Qué sector de los que compran libros, que ya de por sí ha de ser muy bajo, los lee realmente?
Ahora, respecto al control, me parece muy interesante como planteas el tema, pues la libertad es algo muy enigmático. Es evidente que hay un control con las becas, subsidios, fomentos y estímulos, pero a veces me pregunto ( y no es por defender a nadie) ¿Quién dejaría entrar vientos turbulentos a su casa ya levantada?
Tengo mucho más que decir, pero dejo estas divagaciones por el momento…